Pedro Almodóvar encabeza una solicitada internacional contra el desfinanciamiento del INCAA

Una solicitada firmada por más de 800 referentes del cine y la producción audiovisual de Iberoamérica encendió una señal de alarma internacional ante el rumbo que el gobierno de Javier Milei le imprime a la política cultural argentina. El documento, impulsado por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), denuncia el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y advierte sobre un posible “apagón audiovisual” si avanza la derogación de artículos clave de la Ley de Cine.

Entre los firmantes se destaca el director español Pedro Almodóvar, junto a productores y realizadores de amplia trayectoria internacional. La solicitada fue presentada ante el Congreso en la antesala del debate legislativo previsto para el 11 de febrero, cuando el oficialismo buscará avanzar con una reforma que elimina las fuentes históricas de financiamiento del organismo.

Aunque el proyecto no disuelve formalmente el INCAA, el corazón del reclamo apunta a la quita de los recursos que garantizan su funcionamiento. La iniciativa propone derogar los artículos que asignan al instituto el impuesto del 10 % sobre las entradas de cine —vigente desde hace 60 años— y otras dos fuentes de ingresos establecidas en la reforma de 1994. De concretarse, el organismo quedaría sujeto a partidas discrecionales del Tesoro Nacional.

“El futuro de la producción audiovisual argentina atraviesa un momento crítico. La posible pérdida de sus fuentes históricas de financiamiento coloca a la industria en una encrucijada que exige rigor: la producción audiovisual no es una actividad decorativa, sino una industria que compite en mercados globales y que, en todos los países con producción significativa, opera bajo políticas públicas específicas”, advirtió el presidente de FIPCA, Ignacio Rey, en declaraciones a Variety.

Desde la federación señalan que el ajuste no es una consecuencia colateral sino una decisión política directa del Gobierno. “Dentro de ese mismo proyecto hay un artículo que deroga tres artículos de la Ley de Cine, específicamente los que le dan al INCAA sus fondos asignados. Esto elimina el impuesto del 10 % a las entradas y otras dos fuentes de ingresos, dejando al instituto a merced del Ministerio de Economía para que otorgue los montos que quiera, cuando quiera”, explicó Gabriela Sandoval, vicepresidenta de FIPCA.

Para el sector, el ataque al INCAA no tiene antecedentes por su crudeza y velocidad. A diferencia de otros momentos de crisis, el actual desfinanciamiento se da sin un plan alternativo ni diálogo con la industria, y bajo una conducción que carece de experiencia en el campo audiovisual. El presidente del instituto, designado por el actual gobierno, nunca trabajó en el sector ni cuenta con trayectoria en producción, exhibición o fomento cultural, una situación que los firmantes consideran emblemática de lo que ocurre “cuando personas sin conocimiento específico toman decisiones estructurales sobre una industria compleja”.

En la solicitada, FIPCA advierte que “este cambio podría limitar significativamente la capacidad operativa del instituto y poner en peligro la continuidad de una industria que genera empleo, exporta servicios y aporta actividad económica de alto valor agregado en todo el país”.

Rey también citó el caso de Brasil como ejemplo concreto de las consecuencias del desmantelamiento institucional. “Antes de 2019, con el organismo brasileño de cine y TV activo, el sector crecía y se internacionalizaba. Entre 2019 y 2022, cuando fue desfinanciado, la producción se contrajo y decenas de empresas cerraron. Desde 2023, con la reactivación de los incentivos, la industria se recuperó”, señaló. Y concluyó: “Los resultados son medibles y contundentes”.

La solicitada encabezada por Almodóvar busca ahora frenar en el Congreso un proceso que el sector define como un desguace deliberado de la política audiovisual argentina. Para sus impulsores, no se trata solo de defender al INCAA, sino de evitar que una de las industrias culturales más relevantes del país sea desmantelada por decisiones tomadas sin conocimiento, sin experiencia y sin precedentes en su nivel de agresividad.

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