Las declaraciones de Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en una entrevista televisiva/online con Infobae dejaron expuesto su desconocimiento de la industria y la nula experiencia que tiene en el sector. En un contexto marcado por la discusión de la reforma laboral y el futuro del financiamiento del cine argentino, el funcionario dejó una serie de definiciones erróneas e incluso contradictorias que ponen en evidencia el enfoque oficial sobre el área. Lejos de llevar tranquilidad, la entrevista amplificó la preocupación por el eventual desfinanciamiento del sistema. Pirovano buscó bajar el tono del debate al relativizar el impacto de los cambios. “Siempre se dramatiza mucho. El financiamiento estatal viene de una discusión democrática que es el presupuesto”, afirmó, en referencia a la posible eliminación de las asignaciones específicas que hoy sostienen el Fondo de Fomento Cinematográfico, asignaciones especificas que, le guste o no a Pirovano, hoy están contempladas por la ley y el INCAA esta violando al utilizar esos fondos para financiar al tesoro. 

El titular del INCAA, que no tiene experiencia previa en el mundo audiovisual, insistió en que el cine no quedaría sin apoyo estatal. “El Fondo de Fomento no desaparece. La única diferencia es que antes se financiaba con recursos específicos y ahora vendría de rentas generales”, sostuvo. Sin embargo, la explicación no logró disipar las críticas, ya que el sistema actual funciona de manera autárquica y la eventual dependencia del presupuesto nacional implicaría que el cine compita con otras áreas en un contexto de ajuste y ataque generalizado a la cultura.

La frase que más repercusión generó fue otra. Consultado por la cantidad de producciones en desarrollo, que él mismo estimó en unas 250 para 2026 y 2027, aunque no hay información oficial que lo respalde, Pirovano lanzó: “los argentinos no tienen tiempo de ver 250 películas al año”. La afirmación es una descalificación al volumen de producción local y un síntoma del desconocimiento oficial sobre el funcionamiento de la industria, donde no todas las películas apuntan al mismo circuito ni responden a las mismas lógicas comerciales.

El funcionario intentó justificar su postura con un argumento de eficiencia. En su visión, “el cine argentino no puede funcionar bajo una lógica en la que se financien decenas o cientos de proyectos sin garantizar que efectivamente lleguen a las audiencias o generen impacto cultural y económico”, una afirmación que, como otras a lo largo de la entrevista, no explica cómo se lograría ese objetivo.

Durante la entrevista, Pirovano también defendió la eliminación de impuestos específicos que hoy alimentan el financiamiento del cine. “Vos pagás ese impuesto igual. La Argentina tiene más de cien impuestos. Ningún país moderno funciona así. Hay que eliminarlos y discutir prioridades en el presupuesto”, argumentó desde su desconocimiento, cuando en realidad en la actualidad la lucha de los países “modernos”, en los que podríamos incluir a Francia, Alemania, Dinamarca, etc, pasa por generar mayores incentivos financieros y aumentar los fondos de cine para generar mayor producción e inversión extranjera. Interpelado por una de las periodistas sobre si, bajo su propia lógica, el cine seguiría siendo financiado por la sociedad a través de impuestos generales, el funcionario evitó profundizar la respuesta.

Otra de las preguntas apuntó a por qué se extendió hasta 2028 la eliminación del esquema de financiamiento específico. Allí, Pirovano reconoció no tener una explicación clara ni información al respecto. El hecho de que el presidente del INCAA no pudiera fundamentar por qué el organismo conservará su financiamiento por dos años más expuso otra debilidad del planteo oficial. Tampoco hubo referencias al destino de los fondos que el INCAA colocó en instrumentos financieros del Tesoro en los últimos años ni a una eventual restitución de los mismos.

El titular del INCAA además cuestionó el sistema de subsidios vigente y apuntó contra gestiones anteriores. “La ley establece subsidios sobre la taquilla. Lo que se hizo antes era un anticipo ilegal: se daba plata antes de filmar y después no se recuperaba”, dijo. Y remató: “El riesgo es privado. El cine no es una actividad estatal, es una actividad privada con fomento público”. La definición omite el rol estratégico que el propio Estado tuvo en la consolidación de la producción nacional durante décadas.

Otro tramo que generó debate fue el vinculado al precio de las entradas. Al defender la eliminación del impuesto del 10% sobre los tickets, sostuvo: “Si vos pagás el 10% de la entrada, pagás setecientos pesos más cara la entrada. Va a bajar la entrada”. Dejando de lado lo infímo del valor del impuesto, especialistas señalan que esa afirmación desconoce cómo se forman los precios en la exhibición, atravesados por inflación, costos operativos y acuerdos comerciales, por lo que no existe garantía de que una quita impositiva se traduzca en una baja real para el público… de 700 pesos (el equivalente por ejemplo al 50% de un pasaje de subte).

La entrevista dejó al descubierto algo más profundo que una discusión técnica. Las declaraciones de Pirovano consolidaron la percepción de que el Gobierno no solo impulsa un cambio estructural en el financiamiento del cine, sino que además lo hace desde una mirada que desconoce su funcionamiento como industria. Más allá de su valor cultural y educativo, el cine argentino es una actividad económica que genera empleo calificado, inversión y circulación internacional. En ese contexto, las definiciones del titular del INCAA no solo encendieron la polémica: también reforzaron la sensación de que el debate se está dando sin entender aquello que se busca reformar.

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