Mientras el Gobierno nacional insiste en presentar la reforma laboral como un giro modernizador, el texto enviado al Congreso revela una concepción mucho más profunda —y preocupante— sobre el rol del Estado en la cultura. En los artículos finales del proyecto, casi ocultos bajo el rótulo de “Derogaciones”, se introducen modificaciones a la Ley de Cine 17.741 y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 que desmantelan el sistema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El artículo 195 elimina de manera directa los recursos que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico —entre ellos el impuesto del 10% sobre las entradas de cine, los gravámenes a los videogramas y la porción del tributo a los servicios audiovisuales— sin proponer ningún mecanismo alternativo. El resultado es claro: el INCAA pierde su autarquía y sus fondos propios, y queda completamente subordinado a las partidas que, de forma discrecional, decida asignar el Ministerio de Economía.
El artículo 196 profundiza ese vaciamiento al derogar el Título V de la Ley 26.522, que establecía el gravamen sobre la facturación de radios, canales de televisión y servicios de cable. Ese esquema no solo sostenía al cine nacional mediante la asignación del 25% de lo recaudado al Fondo de Fomento Cinematográfico, sino que también financiaba a Radio y Televisión Argentina, al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música y a los proyectos audiovisuales comunitarios. La decisión expone una política que no revisa, no corrige ni mejora: simplemente elimina. No hay diagnóstico, no hay debate público ni planificación cultural; hay una lógica de supresión que reduce la política cultural a una variable de ajuste y convierte al financiamiento del arte en una concesión eventual del poder económico de turno.
Lejos de tratarse de un cambio técnico, la reforma revela una mirada ideológica que desprecia la producción cultural como política pública y la reemplaza por una concepción de mercado puro, incluso allí donde el mercado nunca garantizó diversidad ni federalismo. La eliminación de los mecanismos de control del INCAA —como la fiscalización de taquilla, las declaraciones juradas y las sanciones por fraude— completa un cuadro de desarticulación deliberada. En una industria ya golpeada por la parálisis, los rodajes se reducen, los concursos no se abren y los espacios de exhibición se debilitan, mientras el Gobierno avanza con una política de no pensamiento, sin planificación ni horizonte, que no propone un nuevo modelo sino que se limita a desarmar el existente. El resultado no es eficiencia ni modernización, sino un retroceso estructural que deja al cine argentino, y a buena parte del sistema cultural, librado a la precariedad y a la voluntad presupuestaria de un Estado que elige retirarse sin asumir las consecuencias.
