El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anunció oficialmente el inicio del proceso de privatización de Cine.ar, la plataforma digital de acceso gratuito al cine argentino, a través de un escueto mensaje en la red social X. La decisión, enmarcada en un plan de ajuste impulsado desde la Casa Rosada, busca “ahorrar” 330.000 dólares anuales, alegando “eficiencia” y “libertad económica”. Sin embargo, lo que en apariencia es un ahorro presupuestario mínimo, revela en realidad una clara intención política: limitar el acceso a la cultura para que la población no piense y se mantenga cautiva del ejército de trolls y la desinformación que inundan las redes oficiales.

Desde marzo pasado, Cine.ar, Cine.ar Play y Cine.ar Estrenos fueron transferidos a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal, una empresa dependiente de la Secretaría de Medios presidida por Manuel Adorni, vocero presidencial. Esta maniobra fue interpretada como el primer paso para tomar control directo sobre los contenidos audiovisuales y facilitar su posterior privatización o desmantelamiento.

La plataforma, creada en 2015 con soporte técnico de Arsat, cuenta con más de dos millones de usuarios en Argentina y el exterior, ofreciendo una rica oferta de cine nacional, desde consagrados directores contemporáneos como Lucrecia Martel y Benjamín Naishtat, hasta clásicos fundamentales del patrimonio audiovisual argentino. Cine.ar TV, la señal televisiva complementaria, está disponible sin costo en múltiples servicios de televisión digital abierta y por cable, ampliando aún más su alcance.

El argumento oficial de ahorro resulta risible frente al contexto real: 330.000 dólares representan menos del 1% del presupuesto anual del INCAA, que asciende a unos 50.000 millones de pesos (37,3 millones de dólares). Este recorte insignificante para las cuentas públicas, para la ciudadanía implica una pérdida enorme en términos de acceso a la cultura y defensa del patrimonio audiovisual nacional.

Mientras el Gobierno se jacta de “liberar al Estado del gasto en salarios y operación”, la realidad es que está desmantelando un espacio fundamental de inclusión cultural para favorecer el dominio de narrativas alineadas con el oficialismo. En medio de esta ofensiva, el vocero presidencial Manuel Adorni utiliza la Casa Rosada y recursos públicos para realizar un streaming privado, un claro contraste con la supuesta austeridad que se predica para la cultura.

La medida provoca rechazo y alarma entre creadores, usuarios y defensores del cine argentino, quienes advierten que el cierre o privatización de Cine.ar limitará el acceso gratuito al cine nacional, restringiendo la circulación de una producción artística clave para la construcción de identidad y memoria colectiva. La iniciativa forma parte de un patrón de desinversión deliberada en cultura que persigue el control y la domesticación del pensamiento crítico, reemplazándolo por la proliferación de desinformación y manipulación mediática.

En definitiva, lo que se presenta como “un paso hacia la eficiencia y la libertad económica” no es más que una brutal acción gubernamental para cancelar el acceso popular a la cultura, mientras el poder se protege y reproduce en sus propios circuitos de privilegio, silenciando voces y cerrando espacios de expresión. Un gobierno que en lugar de fomentar el pensamiento y la reflexión, apuesta a mantener a la sociedad adormecida, consumiendo propaganda oficial y desinformación, con el cine nacional como una de sus últimas víctimas.