La presión pública del sector audiovisual habría generado, al menos de manera provisoria, un cambio en el tratamiento de uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Reforma Laboral. En el marco de negociaciones de último momento entre el oficialismo y bloques de la oposición dialoguista, se habría acordado postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de las asignaciones específicas que financian al cine nacional y que también impactan sobre el sistema público de radio y televisión. Sin embargo, no existiría aún una confirmación definitiva y el texto podría sufrir modificaciones durante el debate parlamentario.

Según trascendió en distintos medios que siguieron de cerca las conversaciones, entre ellos La Nación, la nueva redacción implicaría un giro respecto del dictamen original, que contemplaba la supresión inmediata de los recursos que hoy sostienen al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Esos fondos provendrían principalmente del impuesto del 10% sobre las entradas de cine, el 10% sobre la venta y alquiler de videogramas —actualmente de escasa incidencia— y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), considerada la fuente más relevante.

De acuerdo con el texto que habría sido enviado al Senado, el artículo 210 establecería que “a partir del 1° de enero de 2028 el INCAA será financiado exclusivamente con las partidas que a tal efecto se asignen anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional”. En términos prácticos, ello implicaría trasladar el financiamiento del sistema de fomento a decisiones presupuestarias anuales, sujetas a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno. No obstante, el contenido final dependería del tratamiento en particular y de eventuales cambios introducidos en el Congreso.

Desde el sector audiovisual advertirían que, de concretarse ese esquema en 2028, el resultado podría significar en los hechos la asfixia del sistema de fomento y la virtual desaparición del cine argentino tal como funciona actualmente. Argumentarían que la pérdida de asignaciones específicas eliminaría previsibilidad y autonomía financiera, dos pilares históricos del modelo de producción nacional.

Las críticas no se limitarían al plano cultural. Distintos actores sostendrían que la industria cinematográfica genera miles de empleos directos e indirectos, dinamiza cadenas productivas y aporta a las economías regionales, por lo que un recorte estructural tendría consecuencias económicas más amplias. En esa línea, cuestionarían lo que describen como una mirada reduccionista sobre la cultura, entendida únicamente como gasto y no como actividad productiva.

Al mismo tiempo, existirían reclamos internos vinculados a la gestión actual. En un contexto en el que la producción se encontraría prácticamente paralizada, diversos sectores señalarían que no habría claridad suficiente sobre el destino de los fondos del INCAA, lo que alimentaría demandas de mayor transparencia y definiciones concretas sobre la política audiovisual.

De confirmarse la postergación, durante lo que resta de 2026 y todo 2027 el organismo mantendría su esquema vigente de recaudación y administración autárquica de recursos, salvo que nuevas decisiones legislativas alteren ese escenario. Sin embargo, la falta de certeza sobre la redacción definitiva y el resultado del debate parlamentario mantendría abierto el conflicto.

En ese contexto, las organizaciones del sector sostendrían la movilización convocada para este miércoles 11 a las 15, con concentración frente al Cine Gaumont, en Avenida Rivadavia 1635, a la espera de definiciones concretas sobre un tema que consideran estratégico para el futuro de la producción audiovisual argentina.