La aparición del modelo de producción audiovisual impulsado por la Comunidad Orsai, dirigida por Hernán Casciari, ha generado un (pequeño) entusiasmo inmediato dentro del ecosistema cinematográfico argentino. El caso de La muerte de un comediante, financiada colectivamente por miles de personas, se instaló como ejemplo de independencia, velocidad y libertad creativa. Pero esa épica romántica de la autofinanciación tiene un costado menos visible: un discurso que reproduce casi sin filtros los argumentos con los que sectores libertarios y funcionarios del gobierno actual justifican el vaciamiento del cine público argentino. Lo inquietante no es solamente lo que dice Casciari, sino el tipo de legitimidad cultural que posee al decirlo. Porque no se trata de un outsider que ataca al Estado desde la ignorancia, sino de alguien percibido como aliado del sector cultural que, sin embargo, repite los mismos razonamientos que quienes quieren desmontarlo. Casciari lo plantea con una simpleza que roza lo grotesco: “El cine es así. El cine tiene este problema. O sea, no podés hacer cine sin un papá. ‘Hola papá, ¿me das plata?’ Bueno, tomá, te dice el Estado. O si no le pedís a Netflix. ‘Hola, papá nuevo, ¿me das plata?’ ‘Sí, pero yo te voy a decir lo que tenés que decir.’” (recuperado de:https://www.bloomberglinea.com/2022/11/26/el-secreto-de-hernan-casciari-para-conseguir-us15m-para-el-peretti-project-en-5-meses/) Esta analogía paternalista del Estado como proveedor complaciente y controlador es idéntica al repertorio retórico que utilizan quienes buscan cerrar el INCAA. Reduce décadas de políticas públicas, leyes de fomento, concursos, auditorías y mecanismos de evaluación a un gesto infantil: pedir plata a papá. Ese marco conceptual instala una idea falsa y dañina: que el Estado “regala” dinero, como si la cultura no fuera un derecho y una herramienta de desarrollo social, educativo y simbólico, entre miles de cosas más. Convertir esa caricatura en diagnóstico es una irresponsabilidad política, más aún en un país donde el gobierno de Javier Milei desfinancia organismos, despide trabajadores y paraliza los mecanismos de apoyo al cine.

El problema se vuelve más evidente cuando Casciari afirma: “Tenés un Estado que te da y achancha al creador, porque eso es lo que hace el INCAA. No es que esté mal el INCAA, el INCAA está bien, pero se forma alrededor del INCAA un grupo de VAGOS que hacen de eso su trabajo. Fingir que hacen una película. Pasa muchísimo.” Además del desprecio inexplicable hacia cientos de trabajadores, esta frase tiene algo más inquietante: es indistinguible de los ataques de Carlos Pirovano, el funcionario puesto por Milei para ejecutar un ajuste feroz sobre el instituto. Si publicáramos esta frase en una placa de Instagram sin firma, la inmensa mayoría del ambiente del cine asumiría que fue dicha por Pirovano y no Casciari. Esa coincidencia no es casual: ambos reproducen el mismo prejuicio, el mismo desconocimiento, la misma falacia. No hay datos, no hay pruebas, no hay investigación seria detrás de esa acusación de “vagos”. Lo que sí hay es desconocimiento, resentimiento o voluntad de acomodar el discurso a una moda ideológica que responsabiliza al Estado de todos los males mientras invisibiliza el rol social y cultural de la inversión pública. Y mientras tanto, su proyecto personal sigue creciendo.

La contradicción más evidente es que, mientras critica al Estado por supuestamente “achanchar” a los creadores, el modelo Orsai beneficia únicamente a quienes ya tienen un público consolidado. No es democratización: es una forma de mercado interno. Casciari puede producir sin fondos estatales porque tiene una comunidad fidelizada, capital simbólico acumulado, capacidad de comunicación masiva y una empresa montada sobre su propia figura. Su caso no es extrapolable ni replicable por un director debutante, por un cineasta del interior, por un proyecto experimental, por una película sin fandom. Orsai no abre puertas nuevas: abre una puerta para quienes ya estaban dentro. Y al mismo tiempo funciona desde una infraestructura que solo existe porque el Estado la financió durante décadas: técnicos formados en universidades públicas, carreras audiovisuales sostenidas por instituciones estatales, salas que subsisten gracias a políticas de fomento, marcos regulatorios construidos por consenso. No hay independencia absoluta del Estado. Lo que hay es un caso particular que se presenta como si hubiera surgido en un vacío histórico, cuando en realidad es hijo de un ecosistema construido colectivamente.

Casciari insiste en que su modelo libera a los creadores de estructuras rígidas, pero su propio sistema reproduce una lógica alarmantemente similar a la de los algoritmos de plataformas. Él mismo lo describe así: “En Orsai, las decisiones se toman de forma democrática a través de un sistema de producción colectiva en el que los socios productores participan votando en las diferentes etapas de la película. Los socios tienen acceso a la ‘cocina’ del proyecto a través de plataformas y una aplicación donde pueden opinar y votar sobre decisiones creativas, la elección de actores, la postproducción e incluso la distribución.” El entusiasmo por esta “democracia creativa” oculta un problema profundo: la creatividad no se expande por consenso masivo, se ajusta a un promedio. Cuando miles de personas votan (La muerte de un comediante tuvo más de 10 mil votantes/socios/¿artistas? , no se obtienen decisiones más libres, sino más previsibles. Es, en esencia, un algoritmo humano. Una repetición humana del mismo mecanismo que utilizan Netflix, Amazon o Disney para estabilizar gustos, reducir riesgos, evitar zonas incómodas y apostar solo por lo que “funciona”. Un cine moldeado por la estadística es tan restrictivo como un cine moldeado por la lógica empresarial. En ambos casos, el creador se subordina a lo que la mayoría espera. De la supuesta libertad queda poco: más bien aparece una obediencia amable al algoritmo social. En este contexto, lo más dañino no es el modelo Orsai en sí mismo, que puede coexistir perfectamente en un sistema sano, sino la forma en que su discurso se vuelve funcional a quienes quieren justificar el desmantelamiento del cine público. La narrativa de “se puede hacer cine sin el Estado” opera hoy como coartada para el vaciamiento cultural. Pirovano y el gobierno de Milei pueden señalar estos casos aislados y decir: “Si ellos pudieron, ¿por qué seguir financiando al resto?”. Ese razonamiento, tan superficial como efectivo, convierte a Casciari en un vocero del ajuste. Porque su discurso y opinión encaja perfectamente en el proyecto político que busca convertir la cultura en mercancía, el arte en negocio y la política pública en un obstáculo a eliminar.

El cine argentino no puede sobrevivir sin un Estado que sostenga lo que el mercado jamás sostendrá. Todo ese cine, el más frágil, el más necesario, el que amplía imaginarios, no será financiado ni por miles de votantes en una app ni por seguidores de una celebridad mediática. Y mucho menos será financiado por un mercado que solo invierte si hay ganancia asegurada. El entusiasmo por Orsai puede ser genuino, pero convertirlo en paradigma es una forma de colaborar, aunque sea sin querer, con quienes desean un país sin diversidad cultural, sin políticas públicas y sin instituciones que garanticen derechos. El problema no es que Casciari haga sus películas como quiera, lo que es razonable. El problema es que su discurso, presentado como innovación creadora y jactándose de una supuesta ausencia del estado (que como dije previamente estuvo más que presente en la formación de la inmensa cantidad de técnicos que utiliza) , termina repitiendo los mismos argumentos con los que el poder político justifica el desmantelamiento del cine argentino. Y en tiempos de ataque sistemático a la cultura, esa coincidencia no es inocente: es peligrosa y aliada.