El Congreso de Estados Unidos prepara un incentivo federal del 20% para producciones cinematográficas y televisivas, que podría llegar al 30% con distintas bonificaciones. La medida cuenta con el respaldo de Donald Trump y busca competir con los programas de Reino Unido, Canadá, Australia y otros países que utilizan incentivos fiscales para atraer rodajes, inversiones y empleo.

El proyecto contempla un crédito fiscal sobre los costos laborales y podría acumularse con los incentivos de cada estado, llevando el beneficio total para algunas producciones por encima del 60%. La lógica es explícita: el cine es también una industria capaz de atraer capital, generar empleo y multiplicar la actividad económica.

El contraste con Argentina es brutal. Mientras Estados Unidos intenta recuperar producciones que se están yendo al extranjero, el gobierno de Javier Milei continúa desfinanciando el cine argentino y desmantelando las herramientas del INCAA para producir y atraer inversiones. Al frente del organismo se encuentra Carlos Pirovano, designado por Milei pese a no contar con trayectoria profesional en el sector cinematográfico ni experiencia previa de trabajo en la industria audiovisual.

La paradoja es difícil de ignorar: mientras las principales economías del mundo compiten por atraer producciones mediante incentivos públicos, Milei y Pirovano avanzan en la dirección opuesta, debilitando una industria que Argentina ya posee, que genera empleo y exporta talento.

La discusión deja en evidencia el carácter profundamente ideológico de la política oficial. En lugar de preguntarse cómo hacer del cine argentino una industria más competitiva y una herramienta para atraer inversiones internacionales, el gobierno decidió tratarlo como un gasto prescindible. El mundo está haciendo exactamente lo contrario.