Hay una escena inicial que obliga a retroceder varios siglos, aunque las imágenes pertenezcan al presente. Desde muy lejos, el planeta aparece como una superficie sin escrituras, sin catastros, sin alambrados y sin esas líneas imaginarias que los Estados y los mercados han aprendido a convertir en destino. Vista así, la tierra no parece de nadie y, por eso, recordamos que casi siempre termina siendo apropiada por alguien. ¿Qué sucede cuando un territorio es mirado como vacío, aun cuando esté habitado? ¿Qué clase de violencia empieza en esa ilusión óptica? No hace falta irse a las epopeyas imperiales para responder: basta con revisar la historia argentina, donde demasiadas veces la propiedad valió más que la vida y el papel firmado pesó más que la memoria de una comunidad. En ese punto se instala la película de Lucrecia Martel, no para ofrecer una lección sobre el pasado, sino para demostrar que el pasado sigue actuando en el presente. El asesinato de Javier Chocobar, integrante de la comunidad indígena Chuschagasta en Tucumán, no aparece como un hecho aislado, sino como la condensación de un mecanismo histórico. Un hombre es asesinado mientras resiste un desalojo y, alrededor de ese crimen, se despliega una maquinaria diseñada no para esclarecer lo ocurrido, sino para desgastar a quienes reclaman justicia. La pregunta entonces no es solamente quién disparó, porque eso está registrado y fuera de discusión. La pregunta inquietante es otra: ¿qué tipo de país necesita tantos rodeos para admitir lo evidente cuando la víctima pertenece a un pueblo originario?

Lo más perturbador no es únicamente la violencia del crimen, sino la naturalidad con la que el orden jurídico parece dispuesto a escuchar, una vez más, a quienes históricamente tuvieron el poder de nombrar y adueñarse. El juicio funciona como una miniatura de la nación. Allí se enfrentan no sólo versiones contrapuestas sobre un episodio puntual, sino dos ideas de legitimidad. De un lado, la fe burocrática en los títulos, los mapas, los expedientes y las herencias legalizadas; del otro, la persistencia de una relación con el territorio que no se deja reducir a un archivo notarial. ¿Qué reconoce realmente el Estado cuando reconoce un derecho? ¿Reconoce vidas o simplemente reconoce papeles? En esa tensión se revela uno de los núcleos más incómodos de la experiencia argentina: la dificultad para aceptar que las comunidades indígenas no son un residuo del pasado ni una postal folclórica, sino sujetos contemporáneos a los que se les sigue negando una ciudadanía plena.

Martel no necesita subrayar demasiado para que esa desigualdad se vuelva visible. Alcanza con observar cómo circula la palabra, quién ocupa el espacio con desenvoltura y quién debe volver a explicar una y otra vez su propia existencia. La escena judicial, que en teoría debería ser el lugar de la igualdad ante la ley, aparece atravesada por viejas jerarquías sociales y culturales. Los acusados exhiben seguridad, incluso una especie de impunidad corporal; la comunidad carga, en cambio, con el peso de tener que demostrar no sólo lo sucedido, sino su propio derecho a estar ahí, a hablar, a ser escuchada. En ese sentido, el film toca una fibra argentina: la persistencia de un racismo que suele negarse a sí mismo. Nos gusta repetir que somos una sociedad mestiza, moderna, integrada, pero ¿qué ocurre cuando una comunidad indígena reclama tierra, memoria y dignidad? Rápido reaparecen los reflejos coloniales o la hostilidad.

Hay otro aspecto decisivo: la administración cotidiana del poder. No se trata sólo de jueces, abogados o terratenientes. También están los empleados, los trámites, el café servido, las firmas, la circulación banal de una rutina institucional que sigue su curso mientras del otro lado se dirime una historia de muerte y desposesión. Esa convivencia entre lo burocrático y lo irreversible produce un efecto demoledor. Como si la violencia no necesitara manifestarse siempre con gritos o armas, porque a veces le alcanza con la prolijidad de una oficina. En la Argentina, tantas tragedias colectivas se sostuvieron de ese modo: mediante sellos, demoras, tecnicismos y excusas. El film entiende que la injusticia no es solamente un exceso, sino también una costumbre.

Por eso el caso Chocobar se expande y deja de pertenecer sólo a quienes lo padecieron. Lo que se discute no es únicamente un homicidio, sino el relato mismo de la nación. Durante décadas, la historia oficial trabajó para volver borrosa o marginal la presencia indígena en el país. Se exaltó la idea de una Argentina blanca, europea, proyectada hacia el futuro, mientras se relegaba a los pueblos originarios a un pasado remoto o a una existencia periférica. Esa ficción tuvo efectos concretos: permitió justificar expulsiones, silencios y desigualdades como si fueran inevitables. Frente a eso, recuperar fotos familiares, testimonios íntimos, recuerdos de trabajo, escenas de vida común, no es un gesto sentimental. Es una intervención política sobre el archivo. Es disputar qué merece ser conservado y qué merece ser creído.

Allí aparece una cuestión valiosa: la dignidad de la vida cotidiana. Javier Chocobar no queda reducido a la condición de víctima emblemática; vuelve a ser esposo, trabajador, hombre de comunidad, alguien con oficio, afectos y una historia que excede el instante de su muerte. Esa restitución es fundamental porque el despojo empieza mucho antes del balazo: empieza cuando una sociedad acepta que ciertos grupos sólo existen públicamente en el momento de la tragedia. Reponer la densidad de una vida es también impugnar el modo en que el poder simplifica a quienes necesita excluir. ¿Cuántas veces la Argentina miró a los pueblos originarios sólo cuando había conflicto, y no cuando había trabajo, familia, memoria, transmisión, mundo?

Tal vez ahí resida la potencia mayor de esta obra: no se conforma con denunciar una injusticia, sino que obliga a pensar en la gramática que la vuelve posible. Nos enfrenta a un país que todavía confunde legalidad con legitimidad, documento con verdad, civilización con despojo. Y también nos deja una inquietud más amplia: si puede discutirse de este modo la pertenencia de una comunidad a su propia tierra, entonces ¿cuánto del proyecto colonial sigue intacto entre nosotros? La respuesta no ofrece consuelo. Pero acaso el mérito más hondo de esta película sea justamente ése: recordarnos, desde la Argentina y para la Argentina, que la tierra nunca fue un simple paisaje. Fue y sigue siendo el lugar donde una sociedad decide a quién reconoce como parte de sí misma y a quién empuja, con argumentos respetables, fuera del cuadro.